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Castilla y León entre las cinco comunidades con más quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo

La institución tramita nueve solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional

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Castilla y León fue la quinta comunidad autónoma con más quejas y solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional tramitadas por el Defensor del Pueblo, según recoge el Informe Anual de 2018, que su titular Francisco Fernández Marugán entregó hoy a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz.

En ese sentido, se contabilizaron 966 quejas de procedencia nacional, frente a las 3.050 de un año antes, y los nueve expedientes de solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional. De esta forma, madrileños, andaluces, valencianos y catalanes, por este orden, lideraron el número de quejas recibidas en la Institución.

Igualmente, se registraron 23 expedientes de queja individual -admitidos y concluidos-, de los que 13 motivaron una actuación correcta y en nuevo se subsanaron los errores. También el Defensor del Pueblo tramitó ante la Administración autonómica siete actuaciones de oficio, de las que cuatro están en proceso, una terminada y dos en suspenso.

Además, de los 50 expedientes de años anteriores, seis están en tramitación; 40 cerrados y cuatro en suspenso. También el Procurador del Común envió 144 quejas en 2018, frente a los 166 de un año.

Asimismo, el año pasado continuaron recibiéndose quejas que muestran que es necesario mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Fernández Marugán destacó que “ahora que la situación económica es mejor es el momento de diseñar políticas económicas distintas, de invertir en política pública”.

En este sentido, el Defensor del Pueblo considera necesario aplicar con urgencia iniciativas y reformas, así como aumentar el personal y los medios materiales, en ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a personas mayores y a personas dependientes. Asimismo, pidió aumentar la oferta pública de vivienda protegida.

El año pasado, la Institución tramitó 17.697 expedientes, entre quejas (16.998), investigaciones de oficio (372) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (327). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.

Además, formuló a las administraciones un total de 1.152 resoluciones, de las cuales 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 309 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.

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