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Una treintena de municipios recibirá financiación europea para puntos wifi en lugares públicos

Los municipios agraciados recibirán un bono por valor de 15.0000 euros para la puesta en marcha de estos puntos

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Una treintena de municipios de Castilla y León recibirá financiación procedente de la Unión Europea para la instalación de puntos de acceso wifi gratuitos en espacios públicos, como ayuntamientos, bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de interés público. Con un presupuesto total de la convocatoria de 42 millones de euros, cada uno de los municipios seleccionados (224 en España) recibirá un bono WiFi4EU por valor de 15.000 euros para la creación de estos puntos.

Después de Cataluña, con 44 municipios, y Andalucía, con 41, Castilla y León es la tercera Comunidad más beneficiada por la primera convocatoria de esta iniciativa. Tras ella se encuentran la Comunidad Valenciana (17) y Extremadura (12). A principios del próximo año se publicará la segunda de las cuatro convocatorias previstas para acercar la conectividad a los ciudadanos de la Unión Europea.

Los ayuntamientos de Castilla y León que se verán beneficiados por esta financiación europea serán, en la provincia de Ávila Mediana de Voltoya, Rivilla de Barajas, San Bartolomé de Pinares, Sinlabajos, Solosancho y Villanueva del Aceral; Burgos capital, Melgar de Fernamental, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja en Burgos; en la provincia de León se trata de Carrocera, Villablino y Valverde de la Virgen; en Salamanca, Añover de Tormes, Cantalpino, Carrascal del Obispo, Doñinos de Ledesma, Golpejas, Palacios del Arzobispo, Salamanca capital y Sando; Aguilafuente, Bernuy de Porreros, Fuenterrebollo, Nava de la Asunción, Olombrada, Sepúlveda en la provincia de Segovia; Miño de San Esteban, Quintanas de Gormaz en Soria; Magaz de Pisuerga en Palencia y Santibáñez de Valcorba en Valladolid.

La agencia de la comisión encargada de la ejecución del programa invitará a los municipios ganadores de un bono a firmar acuerdos de subvención, con el fin de que los municipios seleccionados puedan contratar a una empresa instaladora que acondicione los puntos de acceso en espacios públicos y después canjear el bono. Los puntos de acceso serán gratuitos y estarán activos durante la menos tres años.

A partir de ahora, habrá tres convocatorias más para que los municipios que no hayan recibido un bono en esta ocasión puedan solicitarlo. La segunda convocatoria se pondrá en marcha a principios del próximo año. En total, hasta el año 2020, unos 8.000 municipios podrán beneficiarse de este régimen.

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Entramado de empresas del sector hostelería

Detenidas seis personas en Valladolid por una presunta estafa de más de 230.000 euros a la Seguridad Social, SEPE y mutualidades

Creaban empresas de hostelería objetivo era eludir los pagos de seguros sociales, autónomos, obligaciones tributarias y beneficiarse de subvenciones públicas y privadas

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La Policía Nacional procedió el pasado 15 de enero a la detención de seis personas, todas sin antecedentes, como presuntos autores de los delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y estafa. Los detenidos en el marco de la operación ‘Dico’ están acusados de causar un quebranto económico de 232.067 euros Seguridad Social, al Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) y mutualidades, según informaron hoy fuentes policiales.

La investigación se inició el mes de septiembre del pasado año al detectarse un entramado de empresas dedicadas al sector de hostelería, que operan desde el año 2013 en Valladolid y cuyo objetivo era eludir los pagos de seguros sociales, cuotas de autónomos, obligaciones tributarias y beneficiarse de subvenciones públicas y privadas (mutualidades) de forma fraudulenta y mediante engaño, utilizando la falsedad documental.

Este grupo delictivo creaba empresas, en concreto establecimientos de hostelería, con el objetivo de defraudar e incumplir las obligaciones y pagos con diferentes organismos públicos y así obtener los máximos beneficios económicos. Los trabajadores eran contratados y dados de alta en la Seguridad Social sin abonar las correspondientes cuotas mensuales a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los impagos generaron una elevada deuda con la Tesorería, provocando los correspondientes requerimientos de pago. Inmediatamente los responsables procedían la disolución de estas empresas para posteriormente crear una nueva empresa ‘limpia’, sin deuda pendiente. De esta manera trataban de eludir su responsabilidad bajo una sociedad con distinta denominación que la anterior.

 

Falsedad para eludir pagos

Cuando era necesario, los acusados emitían certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y continuar con la actividad empresarial que les genera beneficios libres de gasto. Las empresas investigadas formaban una red de cinco sociedades limitadas, las cuales eran dirigidas por dos de los detenidos.

El impago de las cuotas no les fue suficiente y comenzaron a contratarse ellos mismos en las empresas que administraban, y el objeto de esos contratos ficticios era el cobro de subvenciones del SEPE en el momento de quedar desempleados.

 

Incapacidades laborales fingidas

También fingieron incapacidades temporales cuando figuraban como meros empleados, para así estafar a las compañías aseguradoras correspondientes quienes asumían parte del pago del salario del empleado durante el tiempo que durase su incapacidad, o íntegramente en el caso de ser despedido, que era lo más habitual.

Los dos hermanos que dirigían el entramado contrataron a un asesoría que se encargaba de la parte administrativa que efectuaba las altas ficticias de trabajadores, detectándose también el alta fraudulenta de dos personas en las empresas investigadas. Las falsas empleadas consiguieron periodos de cotización necesarios para la solicitud de subsidios a los que en caso contrario no tendrían derecho.

La investigación culminó el pasado martes con la detención de los seis implicados en este entramado de empresas. La operación policial ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en colaboración con la Inspección de Trabajo.

 

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