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Garoña inicia el camino hacia el desmantelamiento

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Apenas han pasado cinco meses desde que el 1 de agosto de 2017 el Gobierno central anunciara el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos). Tiempo suficiente para que los agentes implicados hayan comenzado a trabajar en el escenario de desmantelamiento de la planta nuclear más envejecida de España. Un trabajo que marcará el presente 2018 con el comienzo de las labores de predesmantelamiento y al que nadie se atreve a poner fin. Los más optimistas creen que Garoña no quedará “limpia” de material radioactivo hasta dentro de 40 años.

Enresa dio orden unos días después del anuncio de cierre del proceso de preparación de la documentación necesaria para la solicitud de autorización de desmantelamiento y la transferencia de la titularidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Casi medio año después, la empresa pública que ha de acometer el trabajo de desmantelamiento de la planta ya ha comenzado a analizar un proceso “complejo” que arrancará, si todo va bien, este mismo año.

Desmontar Garoña no será tarea fácil ni mucho menos rápida. Los residuos de alta actividad, que en gran parte se corresponden con el combustible utilizado, habrán de almacenarse por distintos periodos de tiempo en almacenes temporales individuales y en uno centralizado. En la actualidad, explcian fuentes de Nuclenor, “la central se encuentra en estos momentos con el combustible almacenado en la piscina del edificio de reactor junto con el resto de combustible usado, donde se mantiene en condiciones de seguridad hasta que pueda ser trasladado”.

En este punto, conocedores de la materia explican a Ical que “existen distintos tipos de almacenamiento temporal para los residuos de una central nuclear”. En la actualidad, el material radioactivo de Garoña reposa desde que entrara en parada controlada hace años en una piscina para su enfriamiento.

El siguiente paso, y en el que ya se trabaja tal según indica la alcaldesa de Valle de Tobalina, Raquel González, es la construcción de una serie de contenedores anexos a la central que reciben el nombre de Almacén Temporal Individualizado (ATI). Se estima que Enresa sumará unos cinco contenedores de esta naturaleza para poder evacuar el material radiactivo más complejo dando comienzo al desmantelamiento de la central. Así lo confirma la empresa propietaria que avanza que los ATI llegarán a Burgos “a lo largo del segundo semestre del año”.

Se trata de un sistema empleado en otras centrales ya desmanteladas como la de José Cabrera o la de Trillo donde el material duerme por un tiempo determinado en unos diez años, en el mejor de los casos, en contenedores de grandes dimensiones metálicos o de hormigón-metal. En el caso de la central nuclear de José Cabrera, el  ATI almacena aún 12 módulos cargados con el combustible gastado y otros 4 contenedores adicionales.

 

Residuos a El Cabril

En el mes de diciembre, distintas informaciones, sacaron a la luz el “viaje” de residuos radiactivos de baja intensidad procedentes de la central nuclear burgalesa hasta el centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba. Un asunto que hizo saltar las alarmas en algunas formaciones políticas andaluzas, desconocedoras de la realidad de un centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja peligrosidad que recibe al año material radioactivo de industrias y hospitales de todo el país, entre otros.

Mientras que Nuclenor afirma que los residuos de media y baja actividad “se encuentran debidamente confinados en contenedores dentro de celdas  en el almacén temporal de residuos (ATR), ubicado en las instalaciones de la central, hasta que Eresa decida su trasporte”, fuentes del Comité de Empresa de la central aseguran que “se ha trabajado durante muchas horas y en varios turnos en las últimas semanas” llevando parte de ese material hasta el centro cordobés propiedad de Enresa.

En concreto, estas fuentes explican que “se han doblado turnos” para que el material de trabajo como las herramientas y los buzos lleguen hasta el Cabril. Una tarea en la que se ha echado manos de empresas colaboradoras expertas en la materia para que el proceso quede concluido a finales de este mes o mediados de febrero.

Según la Memoria de Actividad de Enresa, relativa al ejercicio 2016, el centro cordobés de El Cabril, situado en la localidad de Hornachuelos, mantenía llenas a 31 de diciembre 20 de las 28 estructuras de almacenamiento disponibles teniendo ocupadas 6.665 posiciones de almacenamiento de residuos de baja y media actividad (RBMA) con un montante total de 10.087 metros cúbicos de residuos.

De este modo, los residuos de baja y media actividad, que se corresponden en gran parte con las ropas y el material de trabajo de los empleados de Garoña, entre otros, tendrá su última parada en el centro andaluz donde los residuos de muy baja actividad llegan a la instalación en sacas, bidones o contenedores. Después, se almacenarán en una estructura específica de almacenamiento que cuando llegue a su límite de capacidad quedará cubierta en distintas capas siendo la última de tierra vegetal para su integración en el entorno. Se estima que en 2040, El Cabril estará “lleno”.

 

A la espera del ATC

Los vecinos de Valle de Tobalina con su alcaldesa a la cabeza analizan “con lupa” todo lo que concierne al futuro de la central. Así la primera edil espera que “el Gobierno agilice los trámites de constricción del ATC de Villar de Cañas (Cuenca) para que el entorno de Garoña no se convierta en un cementerio nuclear”. Como ella, muchos vecinos temen que el retraso en la construcción del centro pueda hacer que los residuos  alta intensidad en la comarca durante décadas, “con el peligro que puede conllevar”.

El Consejo de Ministros designó en 2011 al municipio conquense de Villar de Cañas como la sede definitiva del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su Centro Tecnológico Asociado. Una instalación única y necesaria para dejar de pagar por el almacenamiento de residuos en plazas como Francia o Inglaterra y donde irá a parar el combustible gastado y los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas. Un centro que resulta esencial para el desmantelamiento de Garoña, además de para las centrales que ya se encuentran desde hace años en el mismo camino, y que ansían su puesta en marcha. En el caso de la central nuclear de Vandellós I, permitirá el retorno de los residuos que actualmente están almacenados en Francia y que cargan cada año una factura millonaria a las arcas públicas.

Hace escasos días, el ATC recibió un nuevo varapalo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimase el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villar de Cañas (Cuenca) contra la decisión de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha de anular el Plan de Ordenación Municipal (POM) que posibilitaba construir el almacén nuclear. De este modo, nadie se atreve a poner una fecha para el inicio de construcción de un almacén que se dijo “iba a estar finalizado en el año 2016”.  Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, con su presidente a la cabeza, se pide al Gobierno central que  “abandone el proyecto” del ATC porque “el proyecto se cae por todas partes”.

 

La plantilla

Ni el uranio ha salido de la piscina, ni los empleados de Garoña. Una media diaria de 200 trabajadores entre personal de Nuclenor y de empresas colaboradoras continúa trabajando en la central. Según confirma Nuclenor, el trabajo principal sigue siendo la vigilancia y mantenimiento de los sistemas de almacenamiento del combustible para lo que se dispone de personal a turnos durante las 24 horas, los 365 días del año con la correspondiente cualificación.

Asimismo, parte del personal que aún permanece en la planta emplea su tiempo en el acondicionamiento de los residuos de media y baja actividad, así como en labores de planificación de las distintas fases del predesmantelamiento.

Así lo confirman también los propios trabajadores a quienes se ha informado en una reunión reciente del trabajo que tendrán que desempeñar en los próximos tres años. “Sabemos que en los próximos tres años estaremos en la central centrados en el pre y en el desmantelamiento”, aseveró uno de los empleados de la histórica central.

“Ahora estamos manteniendo la planta en condiciones seguras en un momento de predesmantelamiento porque en la piscina aún hay 2.500 elementos combustibles”, aseguró el trabajador quien indica que “lo ideal” sería que en un periodo de tres años “se puedan limpiar todos los elementos combustibles” que irían a parar a ese ATI. “Cinco años con los elementos combustibles es demasiado tiempo produciendo un calor residual muy bajo”, añadió el operario, uno de los más veteranos de la planta, que “no ve claro el tiempo” que se tendrá que emplear en el proceso de traslado y almacenamiento antes de pasar al ATC.

Sea como fuere, el comité de empresa valora “sobre todas las cosas” el acuerdo al que llegaron los 222 empleados de la central a quienes se ha ido acomodando en otras centrales nucleares o en procesos de jubilación. En concreto, 67 fueron recolocados en otras centrales nucleares, 28 pasaron a situación de prejubilación y una docena rechazó la recolocación solicitando una indemnización a Nuclenor.

Lo que nadie sabe ni puede garantizar es el tiempo que los trabajadores estarán al pie del cañón en Garoña. “En teoría deberían ser tres años de predesmantelamiento, pero no hay un ATC construido, ni en construcción ”, agregó el miembro del comité que espera que “se busque pronto una solución” para que no se retrase aún más un proceso que “ya es demasiado largo de por sí”.

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Incautan en Burgos 870 litros de bebidas alcohólicas por carecer de precintas y del pago del impuesto devengado

La Guardia Civil levanta actas por infracciones a la Ley de Contrabando y a la de Impuestos Especiales

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Efectivos de la Guardia Civil levantaron tres actas denuncia al titular de un establecimiento ubicado en la capital al detectar varias infracciones a la Ley de Contrabando y a la Ley de Impuestos Especiales. El género, un total de 870 litros, fue intervenido y depositado a disposición de la Delegación de Hacienda de Burgos, según informaron hoy fuentes del instituto armado.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, con ocasión de una inspección practicada por agentes del Puesto Fiscal de la Guardia Civil de la Aduana de Villafría a un establecimiento dedicado a la venta y distribución de bebidas alcohólicas y espirituosas de importación. En su interior encontraron una importante cantidad de bebidas con grado alcohólico superior al 22 por ciento; las botellas o bien carecían de las marcas fiscales (precintas) o si las portaban no correspondía con el país de venta y sí con el país de origen.

También, se localizaron vinos de diferentes denominaciones y variedades (tinto, rosado y blanco) y cervezas de distintas capacidades, marcas, graduación y tueste; en este caso, el responsable del local no pudo acreditar el pago del impuesto devengado para este grupo de bebidas. Se han aprehendido 40 botellas de licores, 269 botellas de vino, 16 box de vino, 990 botellines y cinco barriles de cerveza, lo que supone más de 780 litros que han quedado depositados a disposición de la autoridad.

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El Ministerio de Fomento pide “más certezas” y compromiso empresarial antes de decidir la reapertura de la línea directa Madrid-Aranda-Burgos

El secretario de Estado de Infraestructuras recibe en Madrid al consejero de Fomento, el presidente de la Diputación y el alcalde de Burgos para explicar las conclusiones del informe que exigiría una inversión de 100 millones de euros

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El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, se reúne con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico Ruiz; y el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, sobre el tren directo Madrid-Burgos.

 

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, solicitó hoy al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al presidente de la Diputación de Burgos, César Rico Ruiz, y al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, “más certezas” y profundizar en algunos aspectos del estudio elaborado para demostrar la viabilidad de la reapertura de la línea directa de tren entre Madrid, Aranda y Burgos.

El secretario de Estado recibió este martes en la sede del Ministerio de Fomento, en Madrid, a los representantes regional, provincial y local para informarles de que necesitan “más certezas” sobre la demanda antes de tomar cualquier decisión. “Hay que profundizar para ver qué tráfico por carretera es susceptible de ser ferrocalizable” dijo Julio Gómez-Pomar, “porque no todo el tráfico que circula por las carreteras automáticamente tiene una traslación al transporte ferroviario”. En este sentido, abundó en que “hay un conjunto de cuestiones en las que es preciso profundizar y conocer en mayor detalle”, por lo que según deslizó, “nuestra situación ideal es que seamos capaces de identificar una alta demanda y un alto compromiso que haga rentable y razonable la línea”.

El responsable de Infraestructuras del Ministerio mencionó como ejemplo el caso de la línea de Ávila-Valladolid que está electrificada, lo que la hace más eficiente frente a una linea diésel, dispone de apartaderos para trenes de 750 metros, y cuenta con tráficos internacionales. Es por eso que pidió “mayor detalle” y “un conocimiento profundo de las empresas y cuál es la voluntad de las mismas para ver qué tipo de tráfico estarían dispuestos a llevar por ferrocarril”.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta apuntó que el siguiente paso es poder ofrecer al Ministerio “datos más ciertos”. No en vano, especificó que el Ministerio “no ve datos suficientes sobre la demanda. No está negando que haya demanda, pero no ve datos plausibles sobre esa demanda”, por lo que trabajarán para que las empresas se pronuncien sobre su intención de utilizar la linea y en qué volúmenes con un estudio que complete el presentado el pasado mes de noviembre.

Esa ampliación de información podría estar lista en un plazo de 3 a 4 meses, según detalló el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, momento en el que se producirá un nuevo encuentro con el Ministerio para seguir avanzando.

Por otro lado, el consejero informó de otra de las exigencias del Ministerio para la reapertura de la linea en materia de seguridad, para dar cumplimiento a los estándares que serán de obligado cumplimiento en el año 2024, “y eso en términos ferroviarios es a la vuelta de la esquina”, subrayó el secretario de Estado. Todo ello obligaría a elevar la inversión en la línea hasta los 100 millones de euros. Muy por encima de los 14 o 15 que se barajaron inicialmente. “Las vías necesitan un bloqueo automático único y se necesita un centro de control centralizado para dar seguridad en la línea”, apuntó Gómez-Pomar, motivo por el que se incrementa el coste de su puesta en servicio.

Tanto Lacalle como Suárez-Quiñones destacaron el encuentro como “muy positivo” ya que pone de manifiesto “el interés del Ministerio de Fomento en un análisis serio y riguroso de la posible reapertura de esta línea”. Tanto es así que el consejero mencionó el informe de técnicos de Ineco, contrario a la reapertura y que el equipo del ministro de Fomento “ha dejado en el congelador” para estudiar en serio la posibilidad de la reapertura del tramo.

Gómez-Pomar no quiso avanzar más sobre plazos ya que “estamos en la fase en la que estamos”, y se limitó a reiterar que mantienen una “actitud positiva de seguir progresando y seguir avanzando”.

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El hormigonado del embalse de Castrovido (Burgos) alcanza el 98,4% y podrá comenzar su llenado a partir del otoño

Los trabajos continuarán en 2018 con el cierre del desvío del río, el hormigonado de coronación de los bloques centrales y del estribo, las instalaciones eléctricas y el acceso a las galerías por la ladera

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Zona exterior del embalse de Castrovido (Agencia ICAL)

Las obras de construcción del embalse de Castrovido, la infraestructura de regulación más relevante actualmente en marcha en la cuenca del Duero, afrontan en 2018 su recta final al hallarse actualmente el hormigonado de la presa al 98,4 por ciento del total a falta de la coronación de sus bloques centrales, lo que permitirá comenzar el llenado en pruebas, según las previsiones, a partir del otoño.

A lo largo del presente año, está previsto concluir el hormigonado pendiente en los bloques centrales de la presa, con su coronación, y en su estribo derecho. De esta manera, el volumen total de hormigón empleado en la construcción, que lleva a cabo la empresa FCC, alcanzará los 815.000 metros cúbicos.

Asimismo, las actuaciones de los próximos van a centrarse en otras tareas como el cierre del actual desvío del río, los blindajes y compuertas del aliviadero inferior, las instalaciones eléctricas y el acceso a las galerías de las presa por ambas laderas. En consecuencia, sería posible iniciar el llenado del vaso a partir del otoño.

Otras tareas programadas son la terminación de los conductos procedentes de las dos torres de toma de agua hasta la conexión del cuenco amortiguador, para la futura central, y la construcción de la presa de cola, que concluirá en verano, para mantener el nivel de la lámina de agua constante en la parte superior del embalse, con independencia de su nivel.

La presa dispone además de aliviadero superior e inferior –a cota 1.042 y 1.032 respectivamente-, dos desagües de fondo provistos de doble compuerta cada uno, y dos torres de toma semicilíndricas adosadas al paramento de la presa. Con una longitud de casi 160 kilómetros, el río Arlanza nace al sur de la Sierra de la Demanda, en el término municipal de Quintanar de las Sierra, y desemboca en el Pisuerga entre Quintana del Puente y Torquemada, ya en la provincia de Palencia. Posee un régimen hídrico muy irregular, que alterna fuertes estiajes con frecuentes crecidas, y una aportación anual de 926 hectómetros cúbicos al año en su desembocadura.

231 millones de euros

Con un presupuesto total de 231 millones de euros, la presa situada en el término burgalés de Salas de los Infantes, próxima a la localidad de Terrazas, creará un embalse con una capacidad de 44 hectómetros cúbicos bajo una lámina de agua de 214 hectáreas de superficie, según recordaron hoy fuentes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

La presa, de tipo de gravedad de planta recta, tiene una altura sobre el cauce de 74 metros y una longitud de coronación de 534 metros, rematada por una calzada y sendas aceras con una anchura total de 9 metros, y servirá para regular el caudal del río Arlanza a fin de garantizar un régimen continuo y evitar inundaciones a lo largo de su ribera en situaciones de avenida.

Además de la regulación, va a hacer posible el abastecimiento a poblaciones de aguas abajo, con una dotación de 3 hectómetros cúbicos anuales, y el riego de una superficie de algo más de 6.000 hectáreas, con un consumo anual estimado de 30 hectómetros cúbicos. Por otro lado, dispondrá de un aprovechamiento hidroeléctrico compatible con su diseño desde una de las torres de toma, y un caudal máximo de salida de 11 metros cúbicos por segundo.

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